El procedimiento ambiental federal entre la jurisprudencia 2a./J. 73/2011 y la iniciativa de nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.24321352
Resumen. La Segunda Sala de la Suprema Corte resolvió en 2011 (2a./J. 73/2011) que el procedimiento de inspección y vigilancia ambiental solo caduca a partir del vencimiento del plazo para resolver, aunque la autoridad incumpla los plazos de las etapas previas. Este ensayo sostiene que la caducidad, computada de manera concatenada desde el acta de inspección, protege a la vez la seguridad jurídica del inspeccionado y el derecho a un medio ambiente sano, porque obliga a resolver y a ordenar la reparación mientras todavía es útil. Con los datos que la PROFEPA entregó por transparencia sobre su oficina en Veracruz (actas de 2017 a 2026) se muestra que la demora ocurre antes del emplazamiento, que entre el acuerdo de alegatos y la resolución pasan, en mediana, seis días, y que las resoluciones se concentran en torno al quinto aniversario del acta, cuando vence la prescripción. Se analiza después la iniciativa de nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en septiembre de 2026, y se concluye que se queda incompleta: fija la caducidad solo desde el cierre de la instrucción y deja aplicable el criterio de 2011. Se propone una redacción para el dictamen.
Palabras clave: caducidad; procedimiento administrativo sancionador; inspección ambiental; Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; plazo razonable; PROFEPA
I. El problema y el momento de discutirlo
El 1 de septiembre de 2026 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la iniciativa del Ejecutivo federal que expide una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y abroga la de 1988. 1 La iniciativa reorganiza por completo la procuración ambiental: sustituye el procedimiento de inspección y vigilancia vigente por dos procedimientos sucesivos, uno de investigación y otro por infracciones, y dedica un artículo a la caducidad y la prescripción de la facultad sancionadora. La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la que corresponde dictaminarla, acordó convocar a audiencias públicas para escuchar a especialistas, académicos y sectores interesados, de modo que el texto todavía puede corregirse antes de que se vote. 2
Ese momento legislativo coincide con un problema que el derecho ambiental mexicano arrastra desde 2011. Ese año, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el plazo de caducidad del procedimiento sancionador ambiental solo empieza a correr cuando vence el plazo para resolver, que a su vez corre desde que se reciben los alegatos del inspeccionado o vence el término para presentarlos, y que ese cómputo no puede adelantarse aunque la autoridad incumpla los plazos que la ley le fija para las etapas anteriores. 3 La consecuencia práctica es que el tramo que va del acta de inspección a los alegatos quedó sin más límite que la prescripción de cinco años de la facultad sancionadora. Los datos que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) entregó por transparencia sobre su oficina en Veracruz permiten ver lo que eso significa: en las actas levantadas en 2017, la mediana entre el acta y el emplazamiento fue de 1,777 días naturales, mientras que la mediana entre el emplazamiento y la notificación de la resolución fue de 56 días, y en las actas de 2021 a 2026 la mediana entre el acuerdo de alegatos y la resolución fue de seis días. 4 El tiempo del procedimiento se consume antes de la etapa que la jurisprudencia somete a caducidad.
La pregunta de este ensayo es si la iniciativa resuelve ese problema, es decir, si aclara a partir de qué momento caduca el procedimiento sancionador ambiental, y si la caducidad puede servir, además de a la seguridad jurídica del inspeccionado, a la protección del ambiente. Sostenemos que la caducidad del procedimiento, computada de manera concatenada desde el acta de inspección, protege a la vez la seguridad jurídica del particular y el derecho a un medio ambiente sano, porque obliga a la autoridad a resolver y a ordenar la reparación del daño mientras todavía es útil hacerlo. Sostenemos también que la iniciativa se queda incompleta, porque fija la caducidad solo a partir del cierre de la instrucción, no dice desde cuándo corren los plazos anteriores ni qué consecuencia tiene incumplirlos y, con ello, deja aplicable el criterio de 2011.
La tesis tiene que hacerse cargo de un dato jurisprudencial posterior. En 2021 la Segunda Sala resolvió que la falta de plazo entre la visita y el emplazamiento no viola la seguridad jurídica, porque basta el límite de cinco años de la prescripción, y en 2026 el Pleno de la nueva integración de la Corte generalizó ese parámetro. 5 Por eso el argumento que aquí se desarrolla no es de inconstitucionalidad: aceptamos que, para la Corte, el límite global de cinco años satisface la certeza del particular, y sostenemos que ese límite no sirve a la finalidad ambiental del procedimiento, que fue precisamente la razón que la Segunda Sala invocó en 2011 para restringir la caducidad. La corrección, en consecuencia, corresponde al legislador, y la iniciativa es la ocasión para hacerla. 6
El ensayo avanza en seis pasos. El apartado II precisa qué es la caducidad del procedimiento iniciado de oficio y qué protege. El III expone el régimen vigente y la forma en que la jurisprudencia lo ha leído desde 2011. El IV presenta los datos de la PROFEPA en Veracruz. El V analiza lo que la iniciativa cambia y lo que deja igual. El VI examina la caducidad como garantía del derecho a un medio ambiente sano y responde a las objeciones más fuertes, y el VII propone una redacción para el dictamen.
II. La caducidad del procedimiento iniciado de oficio
El procedimiento administrativo es el cauce formal de la función administrativa: la secuencia ordenada de actos por la que la autoridad llega a una decisión que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones de un particular. 7 En los procedimientos sancionadores, esa secuencia tiene además una función de garantía, porque es el camino que la Constitución exige recorrer antes de privar a una persona de sus bienes o derechos, con la notificación del inicio, la oportunidad de probar y de alegar, y una resolución que dirima lo debatido. 8 Si esa secuencia no tiene límites temporales, la garantía se vuelve incompleta, porque la persona sabe cómo se le va a juzgar pero no cuándo.
La Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) regula la caducidad en su artículo 60, con dos supuestos que responden a lógicas distintas. El primero corresponde a los procedimientos iniciados a instancia del interesado que se paralizan por causa suya, en los que la autoridad le advierte que en tres meses se producirá la caducidad. El segundo, que es el que aquí interesa, dispone para los procedimientos iniciados de oficio lo siguiente:
Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducados, y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de parte interesada o de oficio, en el plazo de 30 días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución. 9
El mismo artículo aclara, en su párrafo segundo, la relación de la caducidad con la prescripción: "La caducidad no producirá por sí misma la prescripción de las acciones del particular, de la Administración Pública Federal, pero los procedimientos caducados no interrumpen ni suspenden el plazo de prescripción". 10 La prescripción de la facultad sancionadora está en el artículo 79 de la misma ley, conforme al cual "[l]a facultad de la autoridad para imponer sanciones administrativas prescribe en cinco años. Los términos de la prescripción serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió la falta o infracción administrativa si fuere consumada o, desde que cesó si fuere continua". 11 Son dos instituciones diferentes que operan sobre objetos diferentes: el procedimiento caduca y la facultad prescribe. La Primera Sala de la Suprema Corte lo explicó al validar el párrafo segundo del artículo 60, al sostener que "hay independencia entre las figuras jurídicas de la prescripción y la caducidad, pues ésta únicamente tiene efectos para el procedimiento, pero no para las facultades sancionadoras de la autoridad". 12 Desde el derecho español, que conoce un régimen semejante, José Antonio Tardío Pato llega a la misma conclusión: "La caducidad indicada no determina por sí misma la prescripción del ejercicio concreto de la potestad, de tal modo que, si no ha trascurrido el plazo de prescripción, la Administración, a pesar de haber caducado el primer procedimiento, puede iniciar un segundo procedimiento con la misma finalidad". 13
Esta distinción desactiva desde el principio la objeción de que la caducidad produce impunidad. Cuando un procedimiento sancionador caduca, la autoridad pierde ese expediente, pero conserva su facultad para iniciar otro sobre los mismos hechos mientras no prescriba, y así lo reconoció la propia Segunda Sala en la ejecutoria de 2011. 14 Lo que la caducidad sanciona es la inactividad dentro de un procedimiento concreto; lo que la prescripción extingue es la potestad misma. La impunidad, si llega, llega por la prescripción, y la prescripción corre de todos modos, haya o no caducidad, porque el procedimiento caducado no la interrumpe.
La caducidad del procedimiento iniciado de oficio tampoco equivale a la caducidad de la instancia que conocen los procesos civiles. En el proceso civil rige el principio de rogación: el Estado no tiene interés directo en el conflicto, las partes impulsan el juicio y la caducidad castiga a la que lo abandona, tanto para liberar a su contraparte de un litigio que nadie quiere terminar como para descargar a los tribunales de expedientes inmóviles. En el procedimiento sancionador iniciado de oficio, en cambio, el impulso corresponde por completo a la autoridad, que es quien abrió el expediente, quien tiene el deber legal de conducirlo y quien fija el ritmo de cada etapa. La caducidad administrativa sanciona a quien tenía la obligación de actuar y no actuó en el plazo legal, y su cómputo depende del resto del procedimiento, porque el artículo 60 hace correr los treinta días desde que expira el plazo para dictar resolución. 15
Esa diferencia de naturaleza se refleja en los bienes que la caducidad protege. En un procedimiento sancionador conviven dos intereses. Uno es el interés público que la ley vigilada tutela, que en materia ambiental no se agota en la imposición de una multa, porque el procedimiento es también la vía para ordenar medidas correctivas y para reparar el daño. El otro es la seguridad jurídica de la persona sujeta al procedimiento, que no debe permanecer indefinidamente bajo la amenaza de una sanción ni reservar recursos para cumplir o impugnar una decisión que no llega. Francisco López Ramón, al revisar los fundamentos de la institución en el derecho español, concluye que la caducidad en el procedimiento de oficio "es más bien la reacción ante el dato objetivo del incumplimiento del plazo de duración del procedimiento, cualesquiera fueran las causas de dicho incumplimiento", y que el principio de seguridad jurídica "impone que la Administración emplee sus potestades interventoras y limitadoras de los derechos con estricta sujeción a los requisitos establecidos, uno de los cuales es el temporal". 16 La caducidad, así entendida, es la consecuencia del incumplimiento de un requisito del ejercicio de la potestad, y no un castigo moral a la autoridad ni un premio al infractor.
La Segunda Sala, sin embargo, describió la caducidad en 2011 con el vocabulario de la caducidad de la instancia. Dijo que la institución "se traduce en la sanción impuesta por la ley al promovente por el abandono del proceso durante determinado tiempo, es decir, se impone dicha figura ante la falta de interés en hacer uso de ese derecho". 17 A nuestro juicio, ese traslado conceptual explica parte del resultado al que llegó la Sala: si la caducidad es la sanción al que abandona su propia pretensión, resulta natural reservarla para el momento en que la autoridad tiene el expediente listo para resolver y no resuelve; si, en cambio, la caducidad es la consecuencia de que la autoridad no respete los plazos legales del procedimiento que ella misma conduce, todos esos plazos importan.
De lo anterior se sigue que la pregunta decisiva para el procedimiento ambiental es cuándo expira el plazo para dictar resolución, porque desde ese momento corren los treinta días del artículo 60. En la tesina que da origen a este ensayo llamamos a esa determinación el "cómputo previo" de la caducidad. 18 Si el cómputo previo depende del ritmo que la autoridad imprima a las etapas anteriores, la caducidad solo protege el último tramo del procedimiento; si, por el contrario, cada etapa tiene un plazo cierto que corre de manera concatenada desde el inicio, la caducidad protege el procedimiento completo. El apartado siguiente muestra cuál de las dos lecturas prevaleció.
III. El régimen vigente y su lectura judicial
Para entender el problema basta seguir el orden del procedimiento que regulan los artículos 160 a 169 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), con la LFPA como ley supletoria. 19 Primero vienen la visita y el acta de inspección. Después, la autoridad emplaza al inspeccionado: según el artículo 167, "[r]ecibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado" para que adopte, en su caso, medidas correctivas, y le concede un "término de quince días" para defenderse y ofrecer pruebas. Desahogadas las pruebas, la autoridad abre la etapa de alegatos, para la que el inspeccionado tiene tres días hábiles, 20 y una vez recibidos los alegatos, o vencido ese término, debe resolver "dentro de los veinte días siguientes". 21 La ley agrega que toda notificación debe hacerse "en un plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique". 22
Si se ordenan esos plazos según quién debe cumplirlos, aparece una asimetría. El inspeccionado tiene plazo para todo lo que le toca hacer: quince días para defenderse y tres para alegar. La autoridad tiene plazo para resolver una vez que recibe los alegatos, pero no lo tiene para los dos pasos que antes de ese momento dependen solo de ella, que son emitir el emplazamiento después del acta y abrir los alegatos después de las pruebas. La regla de los quince días para notificar no cubre ese hueco, porque corre desde que el acto se emite y no limita el tiempo que la autoridad tarda en emitirlo. Aun así, la ley da por supuesto que en este procedimiento opera la caducidad: el artículo 160 remite a la LFPA, y el artículo 168 dispone desde 2013 que "[l]a celebración del convenio suspenderá el procedimiento administrativo y el término para la caducidad", hasta por cuarenta y cinco días hábiles. 23 Una ley que regula la suspensión de ese término presupone que el término existe y corre.
La pregunta, entonces, es desde cuándo corre, y antes de 2011 los tribunales colegiados le dieron dos respuestas. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo que la caducidad no debe contarse solo desde el cierre de la instrucción, "sino que debe atenderse a los plazos para la notificación de los actos procesales previos al dictado de ésta". 24 En materia ambiental, eso significaba sumar, a partir del emplazamiento, los plazos que la ley fija para cada acto, porque de otro modo se terminaría "dejándose al libre arbitrio de la autoridad el dictado de su determinación". 25 El Octavo Tribunal Colegiado del mismo circuito sostuvo lo contrario: que la caducidad solo empieza a correr cuando vence el plazo para resolver, el cual a su vez empieza cuando terminan los alegatos. 26 En lo que sigue llamamos a la primera lectura cómputo concatenado y a la segunda cómputo desde los alegatos.
La Segunda Sala resolvió la contradicción el 23 de marzo de 2011, por mayoría de cuatro votos contra el de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, y adoptó el cómputo desde los alegatos. 27 Lo llamativo es que la ejecutoria empieza dándole la razón al planteamiento contrario. La Sala reconoció que la LGEEPA no dice "cuál será la consecuencia de no dictar la resolución sancionadora dentro del plazo de veinte días contados a partir de la presentación de los alegatos o de que transcurre el plazo para formularlos", y describió así el resultado de esa omisión:
En ese sentido, existe una manifiesta indefinición de la ley que regula el procedimiento sancionador, lo que en la práctica provocaría que quedara a la decisión unilateral de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el momento en que dictará la resolución respectiva, todo ello en perjuicio de la persona física o moral a la que se le practica un procedimiento que puede culminar con la imposición de sanciones de diversa índole. 28
La Sala añadió que esa indefinición "crea incertidumbre jurídica a los gobernados, pues la inactividad de la autoridad administrativa respecto de su decisión al procedimiento iniciado de oficio puede prolongarse por mucho tiempo", y que por eso se aplica el artículo 60 de la LFPA. 29 Hasta ahí, la Sala describe el mismo riesgo que había visto el Séptimo Colegiado. Después, sin embargo, limitó la caducidad con dos razones. La primera es que los plazos anteriores a los alegatos no tienen consecuencia si se incumplen, porque "tales disposiciones constituyen normas que carecen de sanción para el caso de su incumplimiento". 30 La segunda es que la caducidad debe interpretarse de manera restrictiva, porque "el procedimiento de que se trata se insta para salvaguardar derechos ambientales elevados a rango constitucional", con apoyo en el artículo 4o. de la Constitución. 31 La jurisprudencia que resultó recoge las dos razones:
Conforme al referido precepto legal, el procedimiento de inspección, vigilancia y sancionador que instrumenta oficiosamente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales caduca a solicitud de parte interesada o de oficio, dentro de los 30 días contados a partir del vencimiento del plazo para que dicha Secretaría emita su resolución (20 días siguientes a aquel en que se tengan por recibidos los alegatos del infractor o al en que transcurra el término para presentarlos), no pudiendo empezar a contarse antes, por más que el indicado órgano de la Administración Pública Federal centralizada no emita ni notifique las resoluciones previas conforme a las formalidades exigidas en los artículos del 167 al 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en atención a que constituyen normas que carecen de sanción para el caso de su incumplimiento; además de que para la actualización de la caducidad en el procedimiento de que se trata, debe acudirse a ella con las restricciones necesarias del caso previstas en la propia ley, es decir, debe realizarse una interpretación de la caducidad en forma limitada, en la medida en que aquel procedimiento se insta para salvaguardar derechos ambientales, elevados a rango constitucional. 32
Las dos razones pueden discutirse en términos sencillos. Decir que los plazos de la autoridad carecen de sanción es un argumento circular, porque la sanción que la ley prevé para el incumplimiento de los plazos del procedimiento es precisamente la caducidad del artículo 60 de la LFPA, y fue la propia Sala la que decidió no aplicarla antes de los alegatos. La segunda razón usa la protección del ambiente para darle más tiempo a la autoridad encargada de protegerlo, cuando una resolución tardía suele ser también una protección tardía. Pesa además la fecha: la contradicción se resolvió once semanas antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, que cambió la forma en que hoy se leen la seguridad jurídica y el derecho a un medio ambiente sano. 33
Diez años después, la Segunda Sala revisó el mismo procedimiento a partir de otra pregunta, la de si la falta de plazo entre la visita de inspección y el emplazamiento viola la seguridad jurídica. En la contradicción de tesis 95/2021, uno de los quejosos había alegado que la autoridad podía detener el procedimiento "sin que ello le traiga consecuencia alguna como la caducidad". 34 La Sala respondió por unanimidad que no hay tal violación, porque, aunque la ley no fije ese plazo, "la autoridad debe actuar dentro del plazo previsto en el artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo", es decir, dentro de los cinco años de la prescripción. 35 Para llegar a esa conclusión sostuvo que las etapas del procedimiento "guardan entre sí una dependencia tal que conforman un todo", de modo que no es correcto tratarlo "como si cada etapa representara un mini-procedimiento", 36 y dejó a salvo que la falta de plazo en una fase puede abrir la puerta a la arbitrariedad "cuando no se constriña a un límite acorde a los objetivos que la ley busca con el procedimiento de que se trate". 37 La ejecutoria no se ocupó de la caducidad ni de la jurisprudencia de 2011.
En 2026, el Pleno de la nueva integración de la Corte generalizó ese parámetro al resolver una contradicción entre las extintas Salas sobre el procedimiento sancionador de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Sostuvo que "[e]l principio de seguridad jurídica no exige que el legislador establezca plazos pormenorizados para cada etapa procesal", y que basta con candados que impidan la arbitrariedad y la prolongación indefinida del procedimiento. 38 Con esas dos jurisprudencias, la vía de la inconstitucionalidad por falta de plazos intermedios está cerrada por ahora. Ninguna de ellas dijo, sin embargo, cómo se computa la caducidad del procedimiento ambiental, y esa pregunta sigue resuelta por el criterio de 2011.
Ese criterio conserva su fuerza obligatoria. La reforma judicial de 2024 no dijo qué pasaría con la jurisprudencia de las Salas, pero el transitorio décimo octavo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispuso que los precedentes, tesis y jurisprudencias anteriores "mantendrán su vigencia y, por tanto, su carácter orientativo o vinculante según corresponda", y facultó al nuevo Pleno para resolver las contradicciones entre las antiguas Salas. 39 En 2025 un tribunal colegiado confirmó que la jurisprudencia de las Salas sigue siendo obligatoria en lo que no se oponga a la reforma de la Ley de Amparo de ese año, y no localizamos ninguna interrupción de las jurisprudencias de 2011 y de 2021. 40 En suma, el procedimiento sancionador ambiental se rige hoy por dos reglas de una Sala que ya no existe: la caducidad solo se cuenta desde los alegatos, y antes de los alegatos el único límite es la prescripción de cinco años. El apartado siguiente mide qué ocurre en la práctica cuando las dos reglas operan juntas.
IV. Lo que muestran los datos de la PROFEPA en Veracruz
Este apartado comprueba con datos dos cosas: si la autoridad cumple el tramo que la caducidad vigila y dónde se acumula el tiempo que la caducidad no vigila. Después contrasta los resultados con lo que la propia PROFEPA ha dicho sobre su carga de trabajo.
1. Las fuentes y el método
Presentamos a la PROFEPA dos solicitudes de acceso a la información sobre los procedimientos de inspección de su oficina en Veracruz. La primera, de octubre de 2022, obtuvo una hoja de cálculo con 1,361 actas levantadas entre enero de 2017 y julio de 2022, con las fechas del acta, del emplazamiento y de la notificación de la resolución, y el sentido y el monto de la sanción. 41 La segunda, presentada el 29 de septiembre de 2026, pidió los mismos datos hasta esa fecha y, además, la fecha del acuerdo de alegatos, la situación de cada expediente y las caducidades declaradas. La respuesta, de 11 de noviembre de 2026, entregó 1,317 expedientes de actas levantadas entre enero de 2021 y octubre de 2026, ya con la fecha de alegatos, pero no incluyó los años 2017 a 2020 ni informó caducidades declaradas o resoluciones anuladas por caducidad, porque la autoridad estimó que no estaba obligada a elaborar documentos para atender la solicitud. 42 Trabajamos con lo entregado: la primera base sirve para seguir la cohorte de 2017, la única que en 2022 ya había completado su ciclo, y la segunda para las actas de 2021 en adelante. En los dos oficios la autoridad afirmó, con las mismas palabras, que "dichos procedimientos fueron resueltos respetando los plazos previstos en los artículos 167 y 168". 43 La afirmación es exacta en los términos de la jurisprudencia, y los datos muestran lo que esos términos permiten.
El método es sencillo. Cada fila de las hojas de cálculo corresponde a un expediente, y en cada uno contamos los días naturales que pasaron entre una fecha y la siguiente: del acta al emplazamiento, del emplazamiento a los alegatos, de los alegatos a la resolución y de la resolución a su notificación. No borramos ni corregimos ninguna fila. Cuando las fechas de un expediente aparecen en un orden imposible, como una resolución anterior a los alegatos, lo conservamos en la base pero lo dejamos fuera de los cálculos de duración, lo que ocurrió en seis expedientes de la primera base y en 38 de la segunda. Los umbrales en años se miden por aniversario de calendario, y no contamos días hábiles porque no tenemos el calendario oficial de días inhábiles de la PROFEPA. Todos los cálculos se hicieron con scripts reproducibles, que se publican junto con las respuestas originales, las bases depuradas y el registro de cada anomalía de captura. 44
2. Dónde se acumula el tiempo
La segunda base permite, por primera vez, partir el procedimiento en sus cuatro tramos. En los 165 expedientes que tienen todas las fechas, de cada cien días que duró el procedimiento, 84 pasaron entre el acta y la notificación del emplazamiento, 14 entre esa notificación y el acuerdo de alegatos, y apenas dos entre los alegatos y la notificación de la resolución (84.0 %, 13.8 % y 2.2 %, respectivamente). La figura 1 muestra la misma desproporción expediente por expediente.

Figura 1. Duración, en días naturales, de cada tramo del procedimiento en los 165 expedientes de actas de 2021 a 2026 con todos los tramos fechados. La línea punteada marca cinco años. Fuente: elaboración propia con base en la respuesta de la PROFEPA de 11 de noviembre de 2026 (solicitud 340024400149126).
El tramo que la jurisprudencia de 2011 somete a caducidad es, así, el más corto de todos. En los 176 expedientes con fecha de alegatos y de resolución, la mediana entre una y otra fue de seis días naturales, y 104 se resolvieron dentro de la semana siguiente al acuerdo de alegatos. Solo tres pasan de 53 días de lunes a viernes, que es aproximadamente lo que tendría que transcurrir para que el procedimiento caducara, si se suman los tres días para alegar, los veinte para resolver y los treinta del artículo 60 de la LFPA, y aun esos tres tendrían que revisarse uno por uno antes de hablar de caducidad. 45 En cambio, el tramo que va del emplazamiento a los alegatos, para el que la ley no le fija plazo a la autoridad, duró más de seis meses en 43 de 183 expedientes y más de un año en 17.
3. El límite que sí opera: los cinco años
Si el tiempo no se ajusta a los plazos de cada etapa, hay que preguntarse a qué se ajusta, y la cohorte de 2017 sugiere la respuesta. En esas actas, la mediana entre el acta y el emplazamiento fue de 1,777 días naturales, casi cinco años, mientras que la mediana entre el emplazamiento y la notificación de la resolución fue de 56 días. De los 301 emplazamientos con fechas válidas de la primera base, 218, el 72.4 %, se hicieron a cuatro años y seis meses o más del acta, y ninguno después del quinto aniversario; en los de actas de 2017 hechos en ese margen faltaban, en mediana, 44.5 días para el aniversario. De 184 expedientes de 2017 con resolución notificada, 142 se notificaron dentro de los treinta días anteriores o posteriores al quinto aniversario del acta, y 59 exactamente ese día. En el expediente PFPA/36.2/2C.27.1/0002-17, por ejemplo, el acta se levantó el 16 de enero de 2017, el emplazamiento se hizo el 3 de noviembre de 2021 y la resolución se notificó el 14 de enero de 2022, 1,824 días después del acta.
La segunda base permite comprobar que esa forma de operar no fue exclusiva de 2017. De los 282 expedientes de actas de 2021 y 2022 que en noviembre de 2022 seguían sin emplazamiento, para noviembre de 2026 se habían emplazado 178, se habían cerrado sin emplazar 32 y seguían pendientes 42. Los 178 emplazados tardaron en mediana 1,421 días desde el acta, 70 se emplazaron a cuatro años o más y ninguno después del quinto aniversario. El expediente PFPA/36.3/2C.27.3/0001-21 repite el caso de 2017, ahora con el tramo de los alegatos a la vista: el acta se levantó el 8 de febrero de 2021, el emplazamiento se notificó el 24 de septiembre de 2025, el acuerdo de alegatos se dictó el 26 de enero de 2026 y la resolución, dictada ocho días después, se notificó el 4 de febrero de 2026, cuatro días antes del quinto aniversario del acta. La figura 2 muestra cómo se agrupan los emplazamientos de las dos bases contra la línea de los cinco años. Al corte de la segunda respuesta, además, 819 de los 1,317 expedientes seguían sin emplazamiento, 248 de ellos con más de tres años desde el acta, y 68 cumplirán cinco años en los doce meses siguientes.

Figura 2. Días naturales entre el acta y el emplazamiento de cada expediente, según la fecha del acta, en las dos bases. La línea discontinua marca cinco años y las diagonales punteadas, el tiempo máximo que podía observarse en cada corte. Fuente: elaboración propia con base en las respuestas de la PROFEPA de 15 de noviembre de 2022 y 11 de noviembre de 2026.
4. Una sobrecarga estructural, reconocida por la propia autoridad
Podría pensarse que Veracruz es un caso aislado o que la demora responde a una coyuntura. Los documentos de planeación, de auditoría y de rendición de cuentas de las tres últimas administraciones federales indican lo contrario.
El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 ya advertía que el cumplimiento de la normatividad ambiental se veía comprometido, entre otros factores, por "la insuficiencia de recursos humanos, financieros y de infraestructura en instituciones clave como la Profepa". 46 El Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2014-2018 incluyó entre sus líneas de acción "[d]esarrollar y conducir programas focalizados para evitar el rezago, que generen beneficios en delegaciones con alta vulnerabilidad ambiental". 47 La Auditoría Superior de la Federación midió esa insuficiencia en 2014: el padrón de empresas emisoras de contaminantes de la PROFEPA tenía 91,340 empresas, y ese año se inspeccionó el 4.5 % de ellas con 192 inspectores en las delegaciones y nueve en oficinas centrales, una capacidad que, en opinión de la Auditoría, "resultó insuficiente para emitir sanciones administrativas y medidas de restauración". 48 El informe de rendición de cuentas de esa administración reconoce que, por los tiempos procesales, la Procuraduría no puede concluir en el mismo año los procedimientos que inicia, de modo que "se ha generado un número de expedientes pendientes de resolver que se acumula a los aperturados en el año que transcurre"; informa también que entre 2012 y 2017 se abrieron 78,953 procedimientos y se resolvieron 48,057, y que en 2016 se cancelaron 221 plazas por restricciones presupuestales. 49
En la administración siguiente, el Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2021-2024 reconoció que "históricamente han existido diferencias entre los procedimientos iniciados y los resueltos, debido a que en las representaciones de la Procuraduría al interior del país cuentan con un mayor número de inspectores que de abogados que substancien y resuelvan los procedimientos administrativos", y atribuyó el rezago a "administraciones anteriores". 50 El mismo programa tomó como línea base que en 2020 se resolvieron 439 de los 2,337 procedimientos de años anteriores que estaban pendientes al inicio del periodo, el 18.78 %. 51 El Informe de Gestión Gubernamental 2018-2024 de la PROFEPA da la dimensión nacional del problema. Al inicio de esa administración había 9,993 expedientes pendientes de resolver, el más antiguo de 2012, y 7,009 de ellos ni siquiera se habían emplazado; al 30 de septiembre de 2024, ya resuelto ese rezago heredado, quedaban pendientes 12,226 procedimientos de 2019 a 2024, y 677 visitas de inspección de 2018 a 2022 seguían sin emplazamiento. 52 El informe explica también con qué criterio se ordenó el trabajo: se dio prioridad a los expedientes heredados "para evitar con ello la imposibilidad de resolverlos por configurarse la prescripción". 53 Es, en palabras de la propia autoridad, la misma lógica que muestran los datos de Veracruz, en la que el plazo que ordena el trabajo es la prescripción. El informe relaciona el problema con la plantilla, porque las atribuciones y las cargas de trabajo de la PROFEPA crecieron desde 1992, mientras que en 2019 se cancelaron 280 plazas de estructura, una reducción que "afectó mayormente a las Oficinas de Representación de Protección Ambiental (ORPAs) al romper el esquema organizacional básico en cada una de las 32 entidades federativas". 54 El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024 dijo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cabeza del sector al que pertenece la PROFEPA, que había sufrido "severos recortes presupuestales y de recursos humanos" y el "debilitamiento de su plantilla de funcionarios (con cada vez menor capacidad técnica y operativa)". 55
Las cifras de rezago que la PROFEPA reporta de una administración a otra no son consistentes entre sí. El informe de rendición de cuentas de 2012-2018 da cuenta de que el rezago a cargo de su programa de abatimiento bajó de 5,324 expedientes al cierre de 2012 a 662 al 30 de junio de 2018, 56 mientras que el informe de la administración siguiente dice haber recibido 9,993 expedientes pendientes, 7,009 de ellos sin emplazar. La diferencia podría explicarse si el programa de abatimiento medía solo los expedientes clasificados como rezago y no todos los que estaban en trámite, pero ninguno de los dos documentos lo aclara. La inconsistencia no debilita el argumento de este apartado: muestra que la autoridad no mide su rezago de manera uniforme, y todas sus cifras, aun las más bajas, describen expedientes que se acumulan de un año a otro.
En la administración actual, el Informe de Actividades 2024 de la PROFEPA reporta que de los 6,957 expedientes de inspección y vigilancia que concluyó ese año, 4,946 venían de ejercicios anteriores. 57 El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2025-2030 afirma que "los sucesivos adelgazamientos presupuestales y de personal técnico y operativo, se suman a problemas estructurales en las acciones de regulación, operación, inspección y vigilancia para producir resultados insuficientes en la protección, conservación y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad". 58 En cambio, no localizamos un programa de procuración de justicia ambiental de la PROFEPA para esta administración: no figura entre los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 ni entre los programas especiales aprobados en mayo de 2026, y el informe de actividades de 2024 no lo menciona. 59 La ausencia no implica por sí misma un incumplimiento, porque el Plan solo obliga a elaborar programas sectoriales a las dependencias y programas institucionales a las entidades paraestatales, y tampoco localizamos en el Diario Oficial de la Federación los programas de la PROFEPA de administraciones anteriores. Significa, sin embargo, que a más de dos años de iniciada la administración no encontramos publicadas metas propias de la Procuraduría para abatir su rezago.
Estos documentos muestran que la sobrecarga no es la excepción de una oficina o de un año. La autoridad la reconoce en documentos de tres administraciones, describe un rezago que se arrastra al menos desde 2012, lo atribuye a causas que ninguna administración corrigió, como la plantilla y el presupuesto, y declara que ordena su trabajo para que los expedientes no prescriban. En ese contexto, la regla de 2011 tiene un efecto preciso: al dejar sin consecuencia los plazos anteriores a los alegatos, hace de una sobrecarga permanente la forma ordinaria de operar del procedimiento, porque el único límite que la autoridad no puede rebasar es el de los cinco años, y los datos muestran que trabaja contra ese límite.
5. Los límites de los datos
Las bases tienen límites que hay que declarar. Los datos los reportó la propia autoridad, sin soporte documental y sin cotejo contra los expedientes, y la segunda base trae errores de captura visibles, como 15 resoluciones fechadas antes que el acuerdo de alegatos y 249 expedientes que figuran en trámite aunque su resolución ya se notificó. La fecha del acta es solo una aproximación al inicio de la prescripción, que la ley cuenta desde la comisión de la infracción, y la falta de los años 2017 a 2020 en la segunda respuesta impide saber cómo terminaron los expedientes que en 2022 seguían abiertos. 60 Con esas reservas, la lectura que proponemos es sobria: en el periodo observado, la prescripción funcionó como el único plazo efectivo del procedimiento, la autoridad administró su carga de trabajo contra ese límite y no contra los plazos que la ley le fija para cada etapa, y la caducidad, tal como la entendió la jurisprudencia de 2011, solo alcanza el tramo que la autoridad ya cumple.
V. La iniciativa: lo que cambia y lo que deja igual
La iniciativa divide el trámite en dos procedimientos. El de investigación inicia con la admisión de la denuncia o con el acuerdo de inicio de oficio y concluye con un acuerdo de cierre o de emplazamiento; el procedimiento por infracciones inicia con el emplazamiento y concluye con la resolución. 61 Recibidas las actas de inspección, el artículo 291 dispone que la autoridad "debe acordar el cierre del procedimiento administrativo de investigación", sin fijar plazo alguno para hacerlo. Emplazado el particular, tiene quince días hábiles para defenderse y probar (artículo 300), y el artículo 301 prevé que, una vez desahogadas las pruebas "y, en su caso, los plazos concedidos para el cumplimiento de las medidas correctivas se pondrán a disposición las actuaciones para que en un plazo de diez días hábiles, presente por escrito sus alegatos". 62 La notificación de los actos conserva el plazo de quince días hábiles desde su emisión (artículo 262). 63
El artículo 303 concentra la regla temporal. Recibidos los alegatos o vencido el término, "quedará cerrada la instrucción, sin necesidad de una declaratoria expresa", y desde el día hábil siguiente corren veinte días hábiles para resolver. La facultad sancionadora "[c]aduca, cuando esté cerrada la instrucción y transcurran treinta días hábiles contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución", y "[p]rescribe, en cinco años a partir de que se levante el acta circunstanciada". Aunque la redacción atribuye la caducidad a la facultad, el párrafo siguiente aclara que la caducidad no produce por sí misma la prescripción ni impide sancionar en nuevos procedimientos, de modo que la figura sigue siendo la del artículo 60 de la LFPA: el procedimiento caduca y la facultad prescribe. El artículo 253, fracción III, añade que "[p]ara efectos de la prescripción, el procedimiento de investigación y el procedimiento por infracciones constituyen una unidad procesal". 64
El texto trae una mejora que hay que reconocer: el cierre automático de la instrucción impide que la autoridad retrase el inicio del plazo para resolver con un acuerdo de cierre que dicta cuando quiere, una práctica que algún tribunal consideró válida al estimar que el acuerdo que tiene por precluidos los alegatos interrumpe el plazo de caducidad. 65 Fuera de eso, la iniciativa recoge de la jurisprudencia exactamente lo que amplía el margen de la autoridad. De la 2a./J. 73/2011 toma la regla de que la caducidad solo corre desde el cierre de la instrucción. De la 2a./J. 3/2021 toma dos ideas: que investigación e infracciones forman una unidad, aunque solo para la prescripción, y que la prescripción se cuenta desde el acta, que es la lectura que la Segunda Sala hizo del artículo 79 de la LFPA cuando este cuenta el plazo desde la comisión de la infracción. 66 En cambio, deja sin plazo el cierre de la investigación, no liga consecuencia alguna al incumplimiento de los plazos intermedios y alarga la etapa de alegatos, que pasa de tres a diez días hábiles y queda diferida hasta que venzan los plazos de las medidas correctivas. El resultado es que la pregunta de 2011, desde cuándo corre la caducidad respecto de lo ocurrido antes del cierre, no recibe respuesta legal, y la unidad del procedimiento que se admite para extender la prescripción se niega para computar la caducidad.
Dos precisiones completan el cuadro. El transitorio sexto dispone que los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la ley nueva "se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su inicio", de manera que los procedimientos en curso seguirán, durante años, bajo los artículos 167 y 168 vigentes y bajo la jurisprudencia de 2011. 67 Además, el artículo 252 establece que las disposiciones del título procesal "constituyen las bases para la regulación de dichos procedimientos en las legislaciones estatales", y el artículo 255 manda que "[l]as autoridades de procuración ambiental federales y locales deben aplicar las disposiciones contenidas en el presente Título". 68 En Veracruz, el artículo 36 del Código de Procedimientos Administrativos dispone que "[e]n el procedimiento administrativo no se producirá la caducidad por falta de impulso", y la ley ambiental estatal no menciona la caducidad. 69 Si la iniciativa se aprueba como está, las legislaturas locales tendrán un año para adecuarse a un modelo que prevé la caducidad, aunque solo para el último tramo del procedimiento.
VI. La caducidad como garantía del medio ambiente sano
La Segunda Sala restringió la caducidad en 2011 invocando el artículo 4o. constitucional, y el argumento puede leerse en sentido inverso. El artículo 4o. no se limita a reconocer el derecho a un medio ambiente sano: dispone que "[e]l daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley". 70 La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental ordena que la reparación consista en "restituir a su Estado Base" los elementos dañados, y que "[l]a compensación ambiental procederá por excepción", es decir, solo cuando la reparación ya no es posible. 71 La Primera Sala ha sostenido, sobre el daño ambiental, que "éste es continuo, permanente y progresivo". 72 Si el daño progresa con el tiempo y la reparación es la regla, el tiempo que la autoridad tarda en resolver no es neutro para el ambiente: cada año de espera entre el acta y la resolución es un año en que el daño sigue produciéndose sin una orden de reparación exigible, y en que la reparación se vuelve más costosa o, sencillamente, imposible. Las medidas de seguridad detienen la actividad riesgosa, pero no ordenan reparar, porque la reparación es propia de la resolución que determina la responsabilidad. 73
Desde esa perspectiva, la autoridad ambiental actúa en el procedimiento como representante del interés colectivo en que el daño se repare, y la colectividad tiene interés en que su representante actúe a tiempo. 74 El artículo 1o. constitucional obliga al Estado a "prevenir, investigar, sancionar y reparar" las violaciones a los derechos humanos, y en materia ambiental la Corte Interamericana ha precisado que la obligación de prevención comprende el deber de "regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción que puedan producir un daño significativo al medio ambiente". 75 Una fiscalización que puede tardar cinco años en producir una orden exigible cumple la forma de ese deber, pero no su propósito.
El parámetro del plazo razonable apunta en el mismo sentido. Un tribunal colegiado ha precisado que ese concepto se aplica también a procedimientos distintos del jurisdiccional e implica que "haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento", y que cuando la sobrecarga de trabajo de la autoridad deja de ser excepcional y se vuelve estructural, las dilaciones "carecen de justificación alguna". 76 La literatura sobre la capacidad de la PROFEPA describe precisamente una insuficiencia estructural de personal frente a la actividad que debe vigilar. 77 La caducidad, en ese contexto, tiene además un valor de diagnóstico: un procedimiento caducado revela un retraso que puede atribuirse a los servidores públicos, a la organización interna o a la falta de recursos, y permite exigir responsabilidades o reasignar presupuesto con base en datos, en lugar de tolerar un rezago que la jurisprudencia vuelve invisible. 78
La propia Segunda Sala dejó abierta esta línea en 2021. Afirmó que el procedimiento ambiental es un todo, un "procedimiento dirigido a la salvaguarda y protección del medio ambiente", y que la falta de plazo en una fase es arbitraria cuando la autoridad "cuando no se constriña a un límite acorde a los objetivos que la ley busca con el procedimiento de que se trate". 79 El objetivo que la ley busca es proteger el ambiente y reparar el daño. Un límite de cinco años es acorde con la certeza del particular, que sabe que no será sancionado después de ese plazo, pero no con un objetivo que exige decisiones oportunas. Y si el procedimiento es un todo que empieza con la visita, la coherencia exige que la caducidad también se compute desde ahí, sumando los plazos de cada etapa, y no solo desde el cierre de la instrucción.
Esta tesis tiene que responder cuatro objeciones. La primera es que la caducidad produce impunidad. No la produce, porque la facultad sobrevive a la caducidad mientras no prescriba, y porque la impunidad ambiental, entendida como "la imposibilidad de investigar, cumplir, enjuiciar, sancionar y reparar los delitos y daños en contra del medioambiente", se genera precisamente cuando la autoridad llega tarde. 80 La segunda es la de José Miguel Valdivia y Tomás Blake, para quienes extinguir el procedimiento por la demora castiga al interés general, que queda "desprovisto de una importante herramienta de ejecución de la ley". 81 La objeción tiene fuerza contra el decaimiento de creación judicial que analizan en Chile, que extingue la potestad; contra la caducidad mexicana, que tiene fuente legal y deja viva la facultad, pierde buena parte de su peso, y en todo caso el interés general sufre más con cinco años de espera que con un expediente que se reabre. La tercera, que Fernando López Ramón formula con ironía, es que la caducidad alimenta en los responsables un "íntimo gozo ante la posibilidad de que el paso del tiempo determine la extinción del procedimiento". 82 Con plazos breves y concatenados desde el acta, la caducidad presiona a la autoridad para actuar pronto y solo por excepción beneficia al infractor, que en todo caso enfrenta un nuevo procedimiento. La cuarta objeción es que la Corte ya resolvió que el límite de cinco años basta. Lo resolvió para la seguridad jurídica del particular, y la propuesta de este ensayo no pide a los jueces declarar la inconstitucionalidad de nada: pide al legislador una regla que la Constitución permite y que la finalidad ambiental del procedimiento reclama.
VII. Una propuesta para el dictamen
La propuesta de 2020 se ajusta a la estructura de la iniciativa en tres puntos. 83 El primero es fijar plazo al tramo que hoy no lo tiene: el cierre de la investigación y la emisión del emplazamiento. El segundo es que todo acto del procedimiento sin plazo propio deba emitirse y notificarse dentro de un plazo general, contado desde que la autoridad está en posibilidad de dictarlo. El tercero es que la caducidad opere por el incumplimiento de cualquiera de esos plazos, computados de manera concatenada desde el acta, sin afectar la facultad de iniciar un nuevo procedimiento mientras no prescriba. En España, para ciertos procedimientos sancionadores de origen inspectivo, se fija como fecha de inicio la del acta de infracción, lo que muestra que el cómputo desde el acta es técnicamente viable. 84 La redacción aprovecha, además, para atribuir la caducidad al procedimiento y la prescripción a la facultad, como corresponde a cada figura. La que proponemos es la siguiente:
Artículo 291. [...] La autoridad de procuración ambiental deberá acordar el cierre del procedimiento administrativo de investigación y, en su caso, emitir el acuerdo de emplazamiento, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que reciba el acta de inspección, la cual deberá turnarse a la autoridad ordenadora dentro de los tres días hábiles siguientes a su levantamiento. Artículo 301 Bis. La emisión y notificación de cualquier acto del procedimiento por infracciones que no tenga un plazo expresamente previsto deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que la autoridad esté en posibilidad procesal de dictarlo. Artículo 303. [...] El procedimiento caduca cuando la autoridad incumpla cualquiera de los plazos previstos en los artículos 291, 301 Bis y en este artículo, y la facultad para aplicar sanciones prescribe en cinco años a partir de que se levante el acta circunstanciada. Para efectos de la caducidad, los plazos de actuación de la autoridad corren de manera concatenada e ininterrumpida desde el levantamiento del acta de inspección. La declaratoria de caducidad dará lugar a la investigación de la responsabilidad de las personas servidoras públicas que hubieran intervenido en el procedimiento, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. [...]
Los plazos concretos son discutibles y el dictamen puede calibrarlos; lo que no admite demora es que existan y que su incumplimiento tenga una consecuencia.
Conclusiones
Primera. La caducidad del procedimiento iniciado de oficio sanciona la inactividad de la autoridad que conduce el procedimiento; extingue el expediente, pero no la facultad, que subsiste mientras no prescriba. No produce impunidad por sí misma.
Segunda. Desde la jurisprudencia 2a./J. 73/2011, la caducidad del procedimiento sancionador ambiental solo corre desde el cierre de la instrucción, y el tramo que va del acta a los alegatos queda sin más límite que la prescripción. La jurisprudencia 2a./J. 3/2021 y la P./J. 80/2026 consideraron suficiente ese límite para la seguridad jurídica del particular, y el criterio de 2011 sigue siendo obligatorio.
Tercera. Los datos de la PROFEPA en Veracruz de 2017 a 2026 muestran que la autoridad consume casi todo el tiempo del procedimiento antes del emplazamiento, que emplaza y resuelve en las semanas previas a que se cumplan cinco años desde el acta y que el tramo que la jurisprudencia somete a caducidad, del acuerdo de alegatos a la resolución, se agota en una mediana de seis días. Los documentos de planeación y de rendición de cuentas de la propia PROFEPA reconocen que su rezago es estructural y que ordena su trabajo para evitar la prescripción.
Cuarta. La iniciativa de nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se queda incompleta: fija la caducidad solo desde el cierre de la instrucción, deja sin plazo el cierre de la investigación, no sanciona el incumplimiento de los plazos intermedios y, con ello, deja aplicable el criterio de 2011.
Quinta. Un límite de cinco años puede satisfacer la certeza del particular, pero no la finalidad ambiental del procedimiento, que exige decisiones oportunas para reparar un daño que progresa con el tiempo. La corrección corresponde al legislador, y consiste en fijar plazos breves a cada etapa, computarlos de manera concatenada desde el acta y sancionar su incumplimiento con la caducidad.
Declaración sobre el uso de inteligencia artificial
En la elaboración de este ensayo se utilizó Claude, modelo de lenguaje de Anthropic, como herramienta de asistencia bajo la dirección del autor (Anthropic, 2026). El autor planteó el problema a partir de su práctica profesional y de su tesina de licenciatura de 2020, definió la tesis, el enfoque y el alcance del texto, fijó los criterios de interpretación que aquí se sostienen y formuló las solicitudes de acceso a la información cuyos datos se analizan. La herramienta se usó para localizar y descargar, en sus fuentes oficiales, la legislación, la iniciativa, las tesis, las ejecutorias y los documentos oficiales de planeación, auditoría y rendición de cuentas citados; para buscar doctrina complementaria; para depurar y analizar por script las bases de datos entregadas por la PROFEPA y elaborar las figuras; para redactar el borrador conforme a las instrucciones y correcciones del autor, y para cotejar por script las transcripciones contra los archivos de origen y revisar el estilo. El autor revisó el texto y asume la responsabilidad académica plena por su contenido.
Referencia: Anthropic. (2026). Claude (Opus 5.5) [Modelo de lenguaje extenso]. https://claude.ai
Notas y fuentes
1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por la titular del Ejecutivo federal, Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, año XXIX, núm. 7116-II-2, 1 de septiembre de 2026, Anexo II-2, transitorios primero y segundo, https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2026/sep/20260901-II-2.pdf (SHA-256 5655f28f18e5a4f2acdf5cb107c091b5c91e48262d781cb983e379bb9e555017), consultada el 29 de septiembre de 2026. La iniciativa regula el procedimiento administrativo de investigación y el procedimiento por infracciones en su título sexto (artículos 252 y siguientes) y la caducidad y la prescripción en su artículo 303.
2. Hoja de Ruta Digital, "Comisión acuerda convocar a audiencias públicas sobre iniciativa para expedir la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente", 22 de septiembre de 2026, https://hojaderutadigital.mx/comision-acuerda-convocar-a-audiencias-publicas-sobre-iniciativa-para-expedir-la-ley-general-del-equilibrio-ecologico-y-la-proteccion-al-ambiente/, consultada el 29 de septiembre de 2026.
3. Jurisprudencia 2a./J. 73/2011, Segunda Sala de la SCJN, "EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE SUPLETORIAMENTE LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SANCIONADOR QUE AQUELLA LEY GENERAL ESTABLECE.", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIV, julio de 2011, p. 524, registro digital 161628.
4. Elaboración propia con base en la respuesta de la PROFEPA a la solicitud de acceso a la información 330024422001311, oficio PFPA/1.7/12C.6/2300/2022, de 15 de noviembre de 2022, y su anexo en hoja de cálculo (1,361 actas de inspección de la Oficina de Representación de Protección Ambiental en Veracruz, de enero de 2017 a julio de 2022), y en la respuesta a la solicitud 340024400149126, oficio PFPA/1.3/12C.6/3153/2026, de 11 de noviembre de 2026, y su anexo (1,317 expedientes de actas de enero de 2021 a octubre de 2026). Las medianas se calcularon por script sobre los expedientes con fechas válidas: 235 emplazamientos y 184 notificaciones de resolución de la cohorte de 2017, y 176 expedientes con fecha de alegatos y de resolución de la segunda base. El método y los límites de la base se exponen en el apartado IV.
5. Jurisprudencia 2a./J. 3/2021 (11a.), Segunda Sala de la SCJN, "PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PREVISTO EN LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA POR EL HECHO DE NO PREVER ALGÚN PLAZO ENTRE LA VISITA DE INSPECCIÓN Y EL ACTO EN QUE LA AUTORIDAD DECRETA ALGUNA MEDIDA CORRECTIVA O DE URGENTE APLICACIÓN Y SEÑALA A LA PERSONA VISITADA EL TÉRMINO PARA OFRECER PRUEBAS Y FORMULAR ALEGATOS.", Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, libro 5, septiembre de 2021, t. II, p. 2134, registro digital 2023592; y jurisprudencia P./J. 80/2026 (12a.), Pleno de la SCJN, "PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY RELATIVA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EL 24 DE ENERO DE 2024, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.", Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Duodécima Época, libro 9, mayo de 2026, t. II, vol. 1, p. 5, registro digital 2032132.
6. Este ensayo retoma, actualiza y reformula la tesina de licenciatura del autor: Rodríguez García, Emmanuel de Jesús, La caducidad en el procedimiento administrativo federal en materia ambiental, tesina de licenciatura en Derecho, Universidad Anáhuac Xalapa, Xalapa, mayo de 2020, 87 pp. La jurisprudencia de 2021 y 2026, la iniciativa y los datos de 2017 a 2022 no figuran en ella.
7. González Pérez, Jesús, Procedimiento administrativo federal, 2a. ed., Porrúa-UNAM, México, 2000, p. 1.
8. Jurisprudencia P./J. 47/95, Pleno de la SCJN, "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, diciembre de 1995, p. 133, registro digital 200234.
9. Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo 60, párrafo tercero, DOF 4 de agosto de 1994, última reforma DOF 14 de noviembre de 2025.
10. Ibidem, artículo 60, párrafo segundo.
11. Ibidem, artículo 79.
12. Tesis aislada 1a. CLXII/2006, Primera Sala de la SCJN, "CADUCIDAD DE FACULTADES DE LAS AUTORIDADES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, AL PERMITIR QUE ÉSTAS REINICIEN UN NUEVO PROCEDIMIENTO RESPECTO DE UN ACTO POR EL CUAL SE DECRETÓ AQUÉLLA, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM.", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, octubre de 2006, p. 275, registro digital 174129.
13. Tardío Pato, José Antonio, "Consideraciones sobre la caducidad del procedimiento administrativo", Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 298-299, 2005, p. 27, https://doi.org/10.24965/reala.vi298-299.9271.
14. Segunda Sala de la SCJN, contradicción de tesis 62/2011, resuelta el 23 de marzo de 2011, considerando sexto, párrafo 95 (según el orden de párrafos del texto publicado), Semanario Judicial de la Federación, registro digital de la ejecutoria 22954, consultada el 29 de septiembre de 2026.
15. Rodríguez García, op. cit., capítulo II, apartado VII.
16. López Ramón, Fernando, "La caducidad del procedimiento de oficio", Revista de Administración Pública, núm. 194, 2014, pp. 24 y 27, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4792824.pdf.
17. Contradicción de tesis 62/2011, cit., considerando sexto, párrafo 125.
18. Rodríguez García, op. cit., capítulo II, apartado VII.
19. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, artículo 160, DOF 28 de enero de 1988, última reforma DOF 19 de enero de 2026.
20. Ibidem, artículo 167.
21. Ibidem, artículo 168, párrafo primero.
22. Ibidem, artículo 167 Bis 4.
23. Ibidem, artículo 168, último párrafo (adicionado DOF 7 de junio de 2013).
24. Jurisprudencia I.7o.A. J/55, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, "CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS DE OFICIO. FORMA DE COMPUTAR EL PLAZO PARA QUE OPERE CUANDO SE APLICA SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LOS PREVISTOS EN OTRAS LEGISLACIONES.", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXII, agosto de 2010, p. 1925, registro digital 164155.
25. Jurisprudencia I.7o.A. J/56, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, "CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA AMBIENTAL. EL PLAZO PARA QUE OPERE DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL PRESUNTO INFRACTOR ES EMPLAZADO A AQUÉL.", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXII, agosto de 2010, p. 1935, registro digital 164154. Esta jurisprudencia quedó superada por la 2a./J. 73/2011 y aparece como histórica en el Apéndice de 2011.
26. El criterio del Octavo Tribunal Colegiado no se publicó como tesis; se toma de la síntesis que hace la Segunda Sala en la contradicción de tesis 62/2011, cit., considerando quinto, párrafo 22.
27. Contradicción de tesis 62/2011, cit., puntos resolutivos y votación.
28. Ibidem, considerando sexto, párrafos 85 y 86.
29. Ibidem, considerando sexto, párrafos 87 y 88.
30. Ibidem, considerando sexto, párrafos 102 y 103.
31. Ibidem, considerando sexto, párrafo 125.
32. Jurisprudencia 2a./J. 73/2011, cit., registro digital 161628.
33. Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF 10 de junio de 2011. El intervalo entre el 23 de marzo y el 10 de junio de 2011 se calculó por script.
34. Segunda Sala de la SCJN, contradicción de tesis 95/2021, resuelta el 7 de julio de 2021, párrafo 15, inciso c), Semanario Judicial de la Federación, registro digital de la ejecutoria 30113, consultada el 29 de septiembre de 2026.
35. Jurisprudencia 2a./J. 3/2021 (11a.), cit., registro digital 2023592.
36. Contradicción de tesis 95/2021, cit., párrafos 37 y 39.
37. Ibidem, párrafos 33 y 43.
38. Jurisprudencia P./J. 80/2026 (12a.), cit., registro digital 2032132.
39. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, transitorio décimo octavo, DOF 20 de diciembre de 2024.
40. Tesis aislada I.7o.C.9 K (11a.), Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, "JURISPRUDENCIAS DE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LAS EMITIDAS CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES DE LA LEY DE AMPARO ANTERIORES A LA REFORMA PUBLICADA EN EL D.O.F. DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO, CONTINUARÁN SIENDO DE APLICACIÓN OBLIGATORIA EN LO QUE NO SE OPONGA A DICHA REFORMA.", Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, libro 52, agosto de 2025, t. II, vol. 2, p. 1523, registro digital 2030839. La búsqueda de interrupciones se hizo en el Semanario Judicial de la Federación el 29 de septiembre de 2026.
41. Solicitud de acceso a la información 330024422001311, presentada a la PROFEPA por la Plataforma Nacional de Transparencia el 1 de octubre de 2022, con fecha de recepción oficial de 3 de octubre de 2022, y respuesta de su Unidad de Transparencia, oficio PFPA/1.7/12C.6/2300/2022, de 15 de noviembre de 2022, con su anexo "ANEXO PARA SOLICITUD 1311 VERACRUZ DEFINITIVO.xlsx". La autoridad entregó solo el periodo de 2017 a 2022, aunque se pidió desde 2010, con base en su catálogo de disposición documental.
42. Solicitud de acceso a la información 340024400149126, presentada a la PROFEPA por la Plataforma Nacional de Transparencia el 29 de septiembre de 2026, y respuesta de su Unidad de Transparencia, oficio PFPA/1.3/12C.6/3153/2026, expediente PFPA/1.3/12C.6/01491-26, de 11 de noviembre de 2026, emitida previa ampliación del plazo, con su anexo "base expedientes infomex.xlsx", que tiene una hoja por año de 2021 a 2026 y las columnas de expediente, fechas del acta, del emplazamiento, de su notificación, del acuerdo de alegatos, de la resolución y de su notificación, sentido de la resolución, monto y estatus del expediente. Para no elaborar la información faltante, el oficio invoca el criterio 03/17 del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: "No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información."
43. Oficio PFPA/1.7/12C.6/2300/2022, cit., p. 2 (lectura del oficio escaneado con reconocimiento óptico de caracteres, cotejada contra la imagen), y oficio PFPA/1.3/12C.6/3153/2026, cit., p. 2.
44. Los scripts (depurar.py para la primera base, depurar_2026.py para la segunda y exportar_tablero.py para las tablas y figuras), las bases depuradas, el registro de las anomalías de captura, 102 en la primera base y 85 en la segunda, y las dos solicitudes con sus respuestas se depositan en la comunidad de la revista en Zenodo, https://doi.org/10.5281/zenodo.24321615. Todas las cifras de este apartado se calcularon por script, en días naturales, salvo la cuenta de lunes a viernes que se indica en el texto.
45. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cit., artículos 167 y 168, y Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cit., artículo 60, párrafo tercero. La cuenta de lunes a viernes es una cota superior de los días hábiles. Los tres expedientes son PFPA/36.3/2C.27.2/0031-21 (203 días naturales entre el acuerdo de alegatos y la resolución), PFPA/36.3/2C.27.2/0053-23 (169) y PFPA/36.3/2C.27.2/0029-21 (88).
46. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, Diario Oficial de la Federación, 12 de diciembre de 2013, apartado I.5, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326214&fecha=12/12/2013, consultado el 11 de noviembre de 2026.
47. Línea de acción 4.3.2 del Subprograma 4 del Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2014-2018, reproducida en Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Diagnóstico del Programa G-005. Programa de Inspección y Vigilancia en materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junio de 2014, p. 25, https://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Diagnostico/Diagnostico_2014/Diagnostico_2014_SEMARNAT_G005.pdf, consultado el 11 de noviembre de 2026. No localizamos el texto del programa en una fuente oficial distinta del portal de la PROFEPA ni su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
48. Auditoría Superior de la Federación, Contaminación Ambiental. Auditoría de Desempeño 14-0-16E00-07-0132, Cuenta Pública 2014, pp. 5 y 24, https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_0132_a.pdf (SHA-256 a9ea6fe409b9194e0ec3541cf8d7d6bd511bec535220d26c65384374421dab7f), consultado el 11 de noviembre de 2026.
49. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 2012-2018. Primera etapa, pp. 19 y 46, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/413318/Informe_Rendicio_n_de_Cuentas_y_de_Conclusio_n_PROFEPA_compressed.pdf (SHA-256 fca2e9b9ff0b34a32c58666737c7d4428dc18660c6d6b4df873ba6bb7603b066), y Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 2012-2018, Ciudad de México, 23 de octubre de 2018, p. 16, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/413317/Informe_Consolidado_PROFEPA_23102018_Procurador-compressed.pdf (SHA-256 a7b87ca9490b8d9cb7a215c8d388a125a253fa1ecb90f59d36bfdf5568a5c67b), ambos consultados el 11 de noviembre de 2026.
50. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2021-2024, México, 2021, p. 39, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/646837/PPJA_2021-2024.pdf (SHA-256 a8711ad470baf48efbdc62649b511eb740a9e0f4fe67cada343ecea5cbbbb314), consultado el 11 de noviembre de 2026. No localizamos su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
51. Ibidem, pp. 87 y 88, ficha del indicador "Porcentaje de Rezago Administrativo Atendido", cuya fuente es el Programa de Abatimiento del Rezago Administrativo (PARE).
52. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Informe de Gestión Gubernamental 2018-2024, Ciudad de México, 30 de agosto de 2024, pp. 33 y 34, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/947103/IGG_para_difusio_n.pdf (SHA-256 21c0922c26ca20f8dd2105829e5e79d52df19c6a7b724ce3252f85bcfe981cf7), consultado el 11 de noviembre de 2026.
53. Ibidem, p. 34.
54. Ibidem, p. 49.
55. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024, Diario Oficial de la Federación, 7 de julio de 2020, https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596232&fecha=07/07/2020, consultado el 11 de noviembre de 2026.
56. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 2012-2018. Primera etapa, cit., p. 79. El informe consolidado de 23 de octubre de 2018, cit., p. 16, da 761 expedientes pendientes a fines de 2017.
57. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Informe de Actividades 2024, México, 2025, p. 29, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1038916/Informe_Anual_Profepa_2025_VF_.pdf (SHA-256 33c1ed8f40acfe93e079aaac4eaa68f211e2057aaa7c9774af1d8b8bf5f814ec), consultado el 11 de noviembre de 2026.
58. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2025-2030, Diario Oficial de la Federación, 8 de septiembre de 2025, https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5767440&fecha=08/09/2025, consultado el 11 de noviembre de 2026.
59. Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, Diario Oficial de la Federación, 15 de abril de 2025, anexo 1, "Programas derivados del PND 2025-2030", https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5755162&fecha=15/04/2025; Decreto por el que se aprueban diversos programas especiales y uno regional, derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, Diario Oficial de la Federación, 18 de mayo de 2026, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5787677&fecha=18/05/2026, ambos consultados el 11 de noviembre de 2026. La búsqueda se hizo en el Diario Oficial de la Federación, por título, de enero de 2025 a noviembre de 2026, y en los documentos citados; no pudimos consultar el portal de la PROFEPA.
60. Las cohortes de 2018 a 2020 de la primera base están censuradas al corte de 2022, porque solo reflejan los expedientes que ya habían avanzado, y la segunda respuesta no las actualizó; por eso el análisis de la primera base se apoya en la cohorte de 2017. La coincidencia de 59 notificaciones con el quinto aniversario del acta puede reflejar la práctica real o una convención de captura. La segunda base registra además 68 expedientes emplazados y resueltos sin acuerdo de alegatos, sin explicar por qué, y uno solo cuya resolución se notificó después del quinto aniversario del acta, cinco días después; como la prescripción corre desde la infracción y no desde el acta, ese dato no acredita una resolución prescrita.
61. Iniciativa, cit., artículos 252, párrafos segundo y tercero, y 264.
62. Ibidem, artículos 291, 300 y 301.
63. Ibidem, artículo 262. El texto es igual al del artículo 167 Bis 4 de la LGEEPA vigente.
64. Ibidem, artículos 303 y 253, fracción III.
65. Tesis aislada III.2o.A.226 A, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, "CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL ACUERDO QUE TIENE POR PRECLUIDO EL DERECHO A FORMULAR ALEGATOS Y ORDENA TURNAR EL EXPEDIENTE PARA EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE AQUÉLLA OPERE.", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, julio de 2010, p. 1912, registro digital 164387.
66. Contradicción de tesis 95/2021, cit., párrafo 43; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cit., artículo 79.
67. Iniciativa, cit., transitorio sexto.
68. Ibidem, artículos 252, párrafo primero, y 255.
69. Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 36, Gaceta Oficial del Estado, última actualización publicada en el portal del Congreso del Estado el 4 de febrero de 2025; Ley Estatal de Protección Ambiental de Veracruz, actualización de 10 de julio de 2026, artículos 202 a 207. Que la "falta de impulso" comprenda la inactividad de la autoridad en los procedimientos de oficio es interpretación; el texto sí permite afirmar que el código no contiene una regla equivalente al artículo 60 de la LFPA.
70. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o., párrafo quinto, última reforma DOF 2 de junio de 2026.
71. Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, artículos 13 y 14, DOF 7 de junio de 2013, última reforma DOF 14 de noviembre de 2025.
72. Jurisprudencia 1a./J. 129/2025 (11a.), Primera Sala de la SCJN, "DAÑO AMBIENTAL. SUS CARACTERÍSTICAS Y SU ESTÁNDAR PROBATORIO.", Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, libro 52, agosto de 2025, t. II, vol. 1, p. 241, registro digital 2030810.
73. Rodríguez García, op. cit., capítulo III, apartado III; Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cit., artículo 170.
74. Rodríguez García, op. cit., capítulo III, apartado III.
75. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cit., artículo 1o., párrafo tercero; Quispe Remón, Florabel, "Medio ambiente y derechos humanos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. 22, 2022, p. 102, https://doi.org/10.22201/iij.24487872e.2022.22.16949, con referencia a la Opinión Consultiva OC-23/17.
76. Tesis aislada I.4o.A.5 K (10a.), Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XV, diciembre de 2012, t. 2, p. 1453, registro digital 2002351.
77. Castro Salazar, José Israel y Luyando Cuevas, José Raúl, "Evaluación de la actividad de inspección de recursos forestales en México", Textual, núm. 75, 2020, p. 11, https://doi.org/10.5154/r.textual.2019.75.01; Matallana Villegas, Santiago, "Legislación efectiva: el caso de las leyes de protección al medio ambiente en México", Revista Internacional Consinter de Direito, vol. 12, núm. 22, 2026, p. 14, https://doi.org/10.19135/revista.consinter.00022.01.
78. Rodríguez García, op. cit., capítulo III, apartado III.
79. Contradicción de tesis 95/2021, cit., párrafos 33 y 45.
80. Le Clercq, Juan Antonio y Cedillo, Cintia, "Números de la injusticia ambiental: la medición de la impunidad en México", Íconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 73, 2022, p. 183, https://doi.org/10.17141/iconos.73.2022.5172.
81. Valdivia, José Miguel y Blake, Tomás, "El decaimiento del procedimiento administrativo sancionatorio ante el derecho administrativo", Estudios Públicos, núm. 138, 2015, p. 117, https://doi.org/10.38178/cep.vi138.196.
82. López Ramón, op. cit., p. 27.
83. Rodríguez García, op. cit., capítulo III, apartado IV. La propuesta original modificaba los artículos 167 y 167 Bis 4 y adicionaba un artículo 167 Ter a la LGEEPA vigente; aquí se traslada a la numeración de la iniciativa.
84. Tardío Pato, op. cit., p. 43.
Cómo citar este artículo: Rodríguez García, Emmanuel de Jesús, "El procedimiento ambiental federal entre la jurisprudencia 2a./J. 73/2011 y la iniciativa de nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente", Cauce. Revista de Derecho, Ambiente y Administración Pública, año 1, núm. 1, julio-diciembre de 2026, Xalapa, DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.24321352, https://www.caucerevista.com/articulo/el-procedimiento-ambiental-federal-entre-la-jurisprudencia.